El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución que condena la represión en Cuba y reclama la suspensión inmediata del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y La Habana. El documento recibió 374 votos a favor, 198 en contra y 19 abstenciones.
La resolución, titulada Presos políticos en Cuba, en particular el caso de Félix Navarro y su hija Saylí Navarro, denuncia las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por el régimen cubano contra los opositores, los presos políticos y sus familias.
Los eurodiputados señalaron la ausencia de juicios justos, las torturas y los malos tratos durante las detenciones, además del uso del exilio forzoso como condición para liberar a personas encarceladas por motivos políticos. También exigieron la derogación del Código Penal, utilizado por las autoridades para criminalizar la protesta y silenciar las voces críticas.
El texto presta especial atención a Félix Navarro, de 72 años, y a su hija Saylí Navarro, integrante de las Damas de Blanco. Ambos fueron detenidos después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y condenados a nueve y ocho años de prisión, respectivamente.
El Parlamento Europeo expresó preocupación por el deterioro de la salud de Félix Navarro y exigió su liberación inmediata e incondicional, junto con la de su hija y la totalidad de los presos políticos cubanos.
La Eurocámara también pidió aplicar sanciones individuales contra los funcionarios responsables de la represión, “empezando por el presidente Miguel Díaz-Canel”. Además, reclamó que el acuerdo bilateral permanezca suspendido mientras La Habana no dé pasos concretos y verificables hacia una democracia multipartidista.
La resolución recuerda que en las cárceles cubanas permanecen 1.339 presos políticos, entre ellos 155 mujeres y 38 menores. De ese total, 463 padecen enfermedades físicas graves y otros 54 sufren trastornos mentales severos, sin recibir la atención médica adecuada.
El pronunciamiento aumenta la presión sobre las instituciones europeas para que condicionen sus relaciones con La Habana al respeto de los derechos humanos. Durante años, opositores y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el régimen recibe cooperación y legitimidad internacional mientras mantiene encarcelados a ciudadanos por manifestarse, expresarse en redes sociales o exigir cambios políticos.
La resolución supone otro fuerte revés para el régimen cubano, que reclama diálogo, financiamiento y cooperación de Europa mientras continúa reprimiendo el descontento dentro de la Isla. Para cientos de opositores y sus familias, la alternativa sigue siendo la misma: guardar silencio, permanecer en prisión o aceptar el destierro.
