El Gobierno uruguayo respondió a la polémica provocada por los cuestionamientos de Estados Unidos a las misiones médicas cubanas, señaladas por prácticas de trabajo forzoso. Según informó Telenoche, la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, aseguró que el organismo no ha recibido ninguna comunicación oficial de la Embajada estadounidense y señaló que el asunto está siendo gestionado por la Cancillería.
La controversia se intensificó después de que el semanario Búsqueda informara que Uruguay podría enfrentar consecuencias sobre la asistencia internacional que recibe de Estados Unidos si mantiene este tipo de acuerdos con La Habana. Pardo sostuvo que el Gobierno uruguayo confía en encontrar una solución mediante el diálogo.
La jerarca también reveló cómo se canaliza el dinero destinado a la Operación Milagro. El BPS aporta US$250.000 anuales, pero esos recursos no son entregados directamente a los 21 oftalmólogos cubanos que trabajan actualmente en el país.
El dinero se transfiere a una cuenta de la brigada establecida por el Ministerio de Salud Pública. Pardo afirmó que no se trata del salario de los médicos, sino de un estipendio para cubrir gastos que se adelanta y posteriormente debe justificarse. Las remuneraciones de los profesionales son administradas por el régimen cubano.
De esta manera, Uruguay financia el programa, pero no mantiene una relación salarial directa con los médicos ni determina cuánto recibe cada uno. Las explicaciones ofrecidas tampoco aclaran qué proporción de los recursos llega a los profesionales, cuánto queda bajo control de La Habana ni si los médicos pueden disponer libremente de sus ingresos.
El Gobierno uruguayo defiende los resultados asistenciales de la Operación Milagro. Desde su creación durante el primer mandato de Tabaré Vázquez, el programa habría realizado casi un millón de pesquisas y más de 220.000 intervenciones oftalmológicas. La polémica, sin embargo, no cuestiona el trabajo médico ni los beneficios para los pacientes, sino el mecanismo laboral y financiero utilizado por el régimen cubano.
La CIDH y otras organizaciones han documentado denuncias de médicos enviados a distintos países que aseguran haber sufrido retención de una parte importante de sus salarios, confiscación de pasaportes, vigilancia, restricciones de movimiento y amenazas de represalias contra ellos o sus familiares.
