El Gobierno español salió públicamente en defensa de las empresas que mantienen negocios en Cuba y rechazó la aplicación extraterritorial de las sanciones estadounidenses, apenas dos meses después de que las principales hoteleras españolas abandonaran la isla en medio del endurecimiento de las medidas de Washington.
“El Gobierno español siempre va a defender a sus empresas, las empresas españolas que hacen negocios en cualquier parte del mundo, y no aceptamos la extraterritorialidad de las leyes y las sanciones”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante un acto del Atlantic Council en Nueva York reportado por EFE.
Albares sostuvo que esa posición cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y aseguró que cualquier medida relacionada con Cuba debe respetar su soberanía, integridad territorial y el derecho internacional.
El canciller español fue también tajante ante la posibilidad de una acción militar. “El uso de la fuerza cuando se trata de cualquier país de América Latina, incluida Cuba, es algo que excluimos completamente”, señaló.
Albares defendió además mantener abiertos los canales con las autoridades cubanas para proteger los intereses españoles y aseguró que Madrid continúa enviando alimentos, medicamentos y paneles solares destinados a aliviar parte de la crisis que atraviesa la población.
Ese diálogo con La Habana se ha mantenido durante todo el año. El pasado 16 de febrero, Albares recibió en Madrid al canciller cubano Bruno Rodríguez, en una reunión solicitada por el propio funcionario del régimen. Entre los asuntos tratados estuvieron precisamente la situación de las empresas españolas en Cuba, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y la ayuda humanitaria española.
Meses después, el 11 de junio, Albares volvió a reunirse en Madrid con otro alto funcionario del régimen, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga. El encuentro se produjo cuando ya crecía la incertidumbre entre las compañías españolas con presencia en la isla.
La preocupación terminó materializándose durante el verano. Meliá, Iberostar y Barceló, las tres grandes cadenas hoteleras españolas que todavía operaban en Cuba, terminaron retirándose del país después de décadas de actividad.
Iberostar había comenzado abandonando la gestión de 12 hoteles pertenecientes a Gaviota, filial del conglomerado militar GAESA, ante la amenaza de sanciones estadounidenses. Posteriormente cesó también la operación de los establecimientos restantes. Meliá redujo progresivamente su presencia hasta poner fin a sus servicios de gestión y comercialización hotelera en Cuba, mientras Barceló dejó también sus dos establecimientos.
Las compañías enfrentaban una combinación de obstáculos operativos, jurídicos, económicos y financieros, agravados por la presión de Washington sobre empresas extranjeras con vínculos comerciales con estructuras estatales y militares cubanas.
Ahora, desde Nueva York, Albares deja clara la posición de Madrid frente a esa estrategia. España pretende proteger a las compañías nacionales que todavía mantengan intereses en Cuba, rechaza que Washington extienda sus sanciones a empresas de terceros países y apuesta por mantener el diálogo con La Habana en plena escalada de presión de la Administración Trump.
