El régimen cubano ya tiene en funcionamiento 30 llamados “Mercados de Barrio”, un nuevo modelo mediante el cual bodegas, mercados y carnicerías estatales con bajos niveles de oferta pueden ser licitados para que mipymes, trabajadores por cuenta propia, cooperativas, empresas estatales e incluso modalidades de inversión extranjera se encarguen de administrarlos y comercializar productos.
La medida está regulada por la Resolución 16/2026 del Ministerio de Comercio Interior, publicada el pasado 4 de agosto. Los locales continúan perteneciendo a empresas estatales, pero adjudican su gestión mediante licitación y conservan además un porcentaje de las utilidades que genere el negocio.
La propia resolución reconoce el deterioro que intenta enfrentar. En sus fundamentos menciona la “contracción” en la llegada de productos destinados al comercio, el desabastecimiento de combustible y otras restricciones que afectan la distribución y el abastecimiento de la población.
Marpessa Portal de Villiers, directora general de Ventas de Mercancías del MINCIN, explicó en la televisión cubana que los establecimientos seleccionados son precisamente bodegas, mercados y carnicerías que actualmente tienen “bajos niveles de ofertas” y “bajos niveles comerciales”.
El esquema pretende llevar nuevamente a esos locales productos tan básicos como arroz, azúcar, café, aceite, huevos, pollo, leche en polvo, carnes, pescado y granos, además de jabón, detergente, papel sanitario, desodorante y crema dental.
Para atraer a los nuevos gestores, el Estado ofrece importantes ventajas. El impuesto sobre las ventas minoristas de los productos incluidos en el programa se reduce al 5 %, mientras determinados actores no estatales quedan exonerados del impuesto sobre ventas cuando los suministran al por mayor a estos mercados. La Resolución 16 establece además dos años sin pagar el arrendamiento del local, con posibilidad de prórroga cuando se realicen inversiones.
Portal de Villiers aseguró durante la entrevista que esos beneficios deberían traducirse en precios entre un 15 % y un 30 % inferiores a los existentes en otros mercados. Ese porcentaje, sin embargo, no aparece establecido como una rebaja obligatoria en la resolución, sino como el efecto que el MINCIN espera conseguir mediante los incentivos.
También existe una diferencia con las cifras divulgadas apenas un día antes por Granma. El diario oficial informó de 24 mercados y habló de rebajas de entre un 10 % y un 15 %. La funcionaria del MINCIN elevó posteriormente el número a 30 establecimientos y aseguró que ya funcionan en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. La Habana, Camagüey y Guantánamo tendrían siete cada una.
El nuevo modelo tiene además un fuerte contraste histórico. Durante la llamada Ofensiva Revolucionaria de marzo de 1968, el gobierno de Fidel Castro eliminó prácticamente el pequeño comercio privado que todavía sobrevivía en la isla. Cifras publicadas entonces por Granma y recogidas posteriormente por investigadores sitúan en 55.636 los pequeños negocios intervenidos, incluidos 11.878 comercios de víveres o bodegas y 3.130 carnicerías.
Casi seis décadas después, el Estado no devuelve esos establecimientos ni renuncia a su propiedad, pero recurre nuevamente a gestores no estatales para operar una red comercial que la propia normativa reconoce afectada por el desabastecimiento.
El experimento llega además en medio de una profunda crisis económica, con una canasta básica cada vez más irregular, inflación, escasez y apagones prolongados. El pasado 18 de septiembre el Sistema Eléctrico Nacional sufrió su octavo colapso total de 2026, agravando nuevamente las dificultades para conservar, transportar y comercializar alimentos en buena parte del país.
