La Fiscalía Provincial de Holguín pide penas de ocho y diez años de prisión para Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, fundadores del proyecto audiovisual independiente El4tico, después de casi ocho meses encarcelados desde su detención por la Seguridad del Estado.
La petición fue revelada por la activista Paula Amador Lobón. Un auto del Tribunal Provincial Popular de Holguín, fechado el 28 de septiembre y al que hemos tenido acceso a través de Ciudadanía y Libertad, confirma que la causa ya fue abierta a juicio oral y que los dos jóvenes permanecerán en prisión provisional.
Ernesto y Kamil fueron detenidos el pasado 6 de febrero en Holguín. El proceso está en manos de la Unidad Provincial de Delitos contra la Seguridad del Estado y ambos serán juzgados por “propaganda contra el orden constitucional”, “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires” e “instigación a delinquir”.
Durante los operativos que terminaron con sus arrestos fueron registrados sus domicilios y confiscados numerosos equipos. El expediente enumera teléfonos celulares, cámaras digitales, una laptop, discos, audífonos, un router y trípodes, precisamente las herramientas utilizadas por dos jóvenes dedicados a crear y difundir contenido.
Tras pasar por la unidad policial conocida como “Todo el mundo canta”, ambos fueron trasladados a la Prisión Provincial de Holguín. Desde entonces han permanecido encarcelados mientras familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado irregularidades en el proceso.
El nuevo auto mantiene la prisión provisional porque el tribunal considera los hechos de “elevada gravedad”. También mantiene la prohibición de salida del país mientras avanza una causa que puede terminar arrebatándoles hasta una década de sus vidas.
La petición fiscal se conoce apenas un día después de que Anna Sofía Benítez, de 21 años, y su madre, Caridad Silvente, fueran condenadas en La Habana a dos años de limitación de libertad cada una por un proceso relacionado con la publicación en redes sociales de un video de policías de civil que llegaron a su vivienda.
Jóvenes cubanos críticos terminan frente a tribunales, vigilados o encarcelados mientras el régimen moviliza su aparato de Seguridad del Estado contra quienes utilizan un teléfono, una cámara y las redes sociales para expresarse.
